El cólera sigue extendiéndose en Haití y deja ya más de 500 muertos

POLÍTICA HAITIANA
El cólera sigue extendiéndose en Haití y deja ya más de 500 muertos

El país caribeño sufrió el pasado enero un fuerte terremoto que acabó con la vida de más de 250.000 personas y dejó cerca de 1,5 millones de personas sin vivienda.
EL UNIVERSAL
domingo 7 de noviembre de 2010 11:40 AM

Puerto Príncipe. - El número de muertos por cólera en Haití aumentó de 442 a 501 en los últimos días, según informó hoy el Ministerio de Salud del país caribeño.

También se incrementó el número de enfermos. En los hospitales ya se ha tratado de la enfermedad infecciosa a 7.359 personas, citó DPA.

Dos de cuatro centros de tratamiento del cólera existentes en Haití tuvieron que desmantelarse en los últimos días ante el riesgo de inundaciones por el paso del huracán "Tomas", que finalmente no tuvo el efecto devastador que se temía en la isla, aunque provocó la muerte a ocho personas.

El país caribeño sufrió el pasado enero un fuerte terremoto que acabó con la vida de más de 250.000 personas y dejó cerca de 1,5 millones de personas sin vivienda.

Ministra del Sernam se muestra satisfecha con aprobación de proyecto de ley de feminicio

Tras este último trámite en el Parlamento, la iniciativa debe pasar al Tribunal Constitucional y luego ser promulgada por el Presidente de la República.

SANTIAGO.- La ministra del Sernam, Carolina Schmidt, se mostró satisfecha con la aprobación en forma unánime por parte de los 25 senadores del proyecto de ley que modifica el Código Penal y sanciona el femicidio.

Tras este último trámite en el Parlamento, la iniciativa debe pasar al Tribunal Constitucional y luego ser promulgada por el Presidente de la República.

Hoy se condena como parricida al cónyuge o conviviente que conociendo de las relaciones que los ligan, "mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o conviviente".

Estos pueden llegar a ser condenados desde de 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado.

El asesinato de un ex cónyuge y ex conviviente constituye en la actualidad un homicidio, lo que implica una pena más baja que va desde 5 años y un día hasta 20 años.

Una vez promulgada la ley se condenará como parricida a ex cónyuges y ex convivientes, quienes podrán arriesgan penas desde 15 años y un día a 40 años de prisión efectiva.

"Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio", dirá la nueva normativa.

El 29 de septiembre el gobierno puso suma urgencia al proyecto, que está en último trámite constitucional.

Ex ministro Andrade dice que Gobierno "no tiene agenda laboral"

Antes de reunirse con ministro Larroulet hoy dijo que para hablar "en serio" los problemas laborales debía ampliarse el ámbito de acción de seguridad a precariedad laboral.

Miércoles 20 de Octubre de 2010 17:29
Ex ministro del Trabajo, diputado Osvaldo Andrade, llamó al Ejecutivo a debatir ''precariedad laboral''.


SANTIAGO.-Previo a una reunión que sostuvo con el Ministro Secretario General de la Presidencia, en el Palacio de La Moneda, diputado Osvaldo Andrade, señaló esta tarde que el Gobierno carecía de una "agenda laboral" y que los problemas laborales no sólo provienen del ámbito de la seguridad sino de la precariedad del empleo, tema -que a su juicio- debe abordar el Ejecutivo si busca concretar un nuevo trato con los trabajadores de Chile.

“Este Gobierno no tiene agenda laboral y ese es un problema del gobierno, de hecho si yo le preguntara a cualquier personero del gobierno, de los que están en Chile, de cual es el contenido de la frase del Presidente del nuevo trato no habría nadie que estuviese en condiciones de decirnos que es lo que el Presidente quiere decir al respecto”, puntualizó el ex secretario del Trabajo.

Andrade agregó que para hablar "en serio" los problemas laborales debía ampliarse en ámbito de acción de seguridad a precariedad laboral.

“Los problemas de seguridad en el empleo de los trabajadores tienen que ver con la precariedad general, si vamos a hablar en serio estos temas el anuncio del Presidente debería referirse con mayor prontitud a una agenda más amplia, que vaya más allá de la seguridad e higiene en el trabajo”, señaló.

El diputado por Puente Alto, además señaló que en el ámbito laboral los Gobiernos de la Concertación pudieron hacer más, no obstante se había avanzado sustancialmente recordando las 53 leyes que se dictaron en favor de los trabajadores en el Gobierno de la Presidenta Bachelet.

“Mi autocrítica tiene que ver con un contexto más amplio, primero decirle al gobierno que la historia de Chile no empezó hace 20 años, que nosotros nos hicimos cargo durante 20 años de modificar y transformar todas las alteraciones que ellos hicieron en materia laboral en el gobierno de la derecha, no es bueno olvidar que el gobierno de Pinochet fue un gobierno de derecha en que muchos de los parlamentarios que hoy día están en el congreso eran funcionarios del gobierno, alguno de ellos alcaldes incluso, entonces nosotros nos hicimos cargo de un rezago fuerte que fue el último gobierno de derecha anterior al del Presidente Piñera”, apuntó.

Familiares de DD.DD. responden a Hinzpeter: "Nos faltó el respeto"

La vicepresidenta de la agrupación, Mireya García, acusó que con sus dichos, el ministro del Interior "denosta y desprestigia la historia y la esencia que tenemos".

Orbe

Miércoles 23 de Junio de 2010 19:53

Foto: Christián Zúñiga, El Mercurio

SANTIAGO.- Enérgica y clara fue la respuesta de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señalara que la organización cometió un "error" y una "torpeza", luego del encuentro con el Presidente Sebastián Piñera.

El secretario de Estado dijo sentirse "desilusionado de la actitud" de las representantes de la AFDD, porque "desaprovecharon la hora y 15 minutos", que duró la cita, ya que la pudieron haber utilizado "para cimentar una relación fructífera (...) y avanzar en sus demandas".

Al respecto, la dirigenta de la agrupación señaló que "el señor Hinzpeter, como ministro del Interior no puede faltarle el respeto y descalificar a una organización que ha luchado por muchos años en la defensa de los derechos humanos en este país".

"Decir que una agrupación cometió una torpeza es un intento de denostar y desprestigiar la historia y la esencia que tenemos", acotó.

Según García, "podemos tener opiniones distintas, disidentes y críticas a la del Presidente de la República, y eso no significa actuar con torpeza. Y si para el ministro del Interior es así, quiere decir que él tiene un grave problema con lo que significan los derechos y las libertades ciudadanas en un régimen democrático".

"Los dichos de Hinzpeter son nuevamente un error político comunicacional, y no es la primera vez, pero creo que ahora el error es mayúsculo, porque intervino en algo que no le correspondía", añadió.

Respecto a si tiene algún prejuicio al hablar con el Ejecutivo, tal como lo comentó el secretario de Estado, destacó que es "obvio que los tenemos".

Según puntualizó, "tenemos prejuicios y dudas y así se lo señalamos al señor Piñera, ya que lo justo y lo correcto es decir que las tenemos".

"Por qué va a haber confianza en un Gobierno que representa perfectamente al sector político que estuvo tras el golpe de Estado, que calló y que no observó lo que estaba pasando en este país en materia de derechos humanos", destacó.

Asimismo, dejó claro que el Ejecutivo "tiene la obligación de recibirnos, le guste o no le guste nuestra forma, discurso o posición, y dialogar las veces que sea necesario".

"Ellos representan el sector ligado a la dictadura, no nosotros, por lo que es un problema que ellos deben resolver", acotó la dirigenta de AFDD.

Comisión de Diputados aprueba ampliación de Fiestas Patrias, pero cambia fecha

La instancia legislativa visó el día 20 septiembre en vez del 17, que postulaba el Ejecutivo.

Emol

Martes 11 de Mayo de 2010 19:46

VALPARAÍSO.- Tras un intenso debate, la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno que plantea la ampliación de las Fiestas Patrias.

No obstante, la iniciativa tuvo un cambio: en vez del 17 de septiembre postulado por el Ejecutivo, la instancia legislativa visó el día 20.

Luego de analizar temas como la productividad y el hecho de empezar con las celebraciones el día 17, la comisión acordó incorporar una indicación para modificar el día.

De esta forma, y con votos de la Alianza y Concertación, el proyecto del Gobierno se aprobó con otra fecha, debiendo esto ser ratificado por la Sala de la Cámara.

Tras la votación, el diputado Ricardo Rincón reconoció la buena disposición de todos los sectores para entender las razones que lo motivaron a presentar el día 17 como feriado. Entre ellas, explicó que "en la mayoría de las empresas, incluyendo el sector público, ese día, al igual que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, se trabaja mediodía, por lo tanto, lo que estábamos pidiendo no afecta en gran medida en lo laboral, pero sí cambia definitivamente el inicio de las celebraciones del Bicentanterio".

Condenan a empresa por discriminar a empleada de religión musulmana

Deberá pagar una millonaria suma como indemnización por daño moral, además de cumplir con otras disposiciones establecidas por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Emol

Martes 4 de Mayo de 2010 13:39

Según el fallo, Nora Melo Iribarren ''se vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, traduciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica''.

Foto: José Luis Rissetti, El Mercurio.

SANTIAGO.- Una millonaria multa deberá pagar la empresa de call center TP Chile S.A., proveedora de servicios para la multinacional de telefonía celular Vodafone, por haber discriminado a una funcionaria que profesa la religión musulmana.

Así lo estableció el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que determinó que la mencionada compañía cometió graves infracciones al Código del Trabajo y los Tratados Internacionales suscritos por Chile, al realizar una serie de conductas de hostigamiento en contra de la mujer.

"Nora Melo Iribarren se vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, traduciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica y le produjo sufrimiento, aflicción e impotencia de verse expuesta a tales acciones", dice el fallo.

La resolución también recalca que "no resulta aceptable" que la mujer "haya recibido órdenes diferentes a las de sus compañeros y que hubiera sido considerada conflictiva, por el sólo hecho de profesar una religión diferente, que en nada influyó en el desempeño de sus labores durante los 3 años que ha prestado servicios, salvo con la llegada de nuevos superiores que no toleraban el credo que tenía".

Por todo lo anterior, la jueza Angélica Pérez Castro condenó al call center a pagar 5 millones de pesos como indemnización por daño moral, más los reajustes e intereses calculados de conformidad con el artículo 63 del Código del Trabajo.

Asimismo, le ordenó pagar una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales por vulnerar el artículo 5° del mencionado código y fijó otra serie de medidas, como cambiar los jefes de la afectada y publicar en los diarios murales de la empresa una carta de disculpas a la trabajadora, en la cual expresamente reconozca la existencia de actos discriminatorios y vulneratorios de derechos fundamentales.

Presidente respalda a Mañalich por alcoholemia de Miguel Piñera tras accidente

El titular de Salud deberá declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por el choque en que estuvo implicado el hermano del Mandatario.

Emol

Lunes 3 de Mayo de 2010 15:06

SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera manifestó hoy su público respaldo al ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien será interrogado por la fiscalía en el marco de la investigación por el accidente protagonizado por Miguel Piñera, en octubre pasado.

Al ser consultado sobre el tema, el Mandatario expresó que "es una pregunta que debe responder el doctor Mañalich, en todo caso él tiene su conciencia muy tranquila".

El fiscal Alejandro Sánchez accedió a la petición del abogado Alfredo Morgado de interrogar al ministro Mañalich ya que en el tiempo en que ocurrió el accidente éste era el director médico de la Clínica Las Condes, lugar en que se le realizó la alcoholemia a Miguel Piñera trece horas después del choque.

En ese entonces, el actual Presidente de la República era uno de los accionistas de la mencionada clínica.

Según la denuncia del abogado Alfredo Morgado, la tardanza en la aplicación de la alcoholemia pudo haber influido en su resultado del examen, que dio negativo pese a que la conductora del otro vehículo, María Fernanda König, acusó a Miguel Piñera de haber huido del lugar del accidente en evidente estado de ebriedad.

Provisionar las indemnizaciones

La discusión acerca de reducir años de indemnizaciones por un mejor Seguro de Cesantía tiene múltiples aristas. El Seguro se financia, en el caso de los trabajadores con contratos indefinidos, con un aporte del trabajador del 0,6% del salario y un 1.2% del empleador. Adicionalmente hay un aporte del empleador de un 0.8% para un fondo común o Fondo Solidario. Los fondos se pueden retirar teniendo al menos 12 cotizaciones dentro de un cierto plazo. La propuesta del Consejo de Trabajo y Equidad fue dejar exentos a los trabajadores e incrementar la parte del empleador hasta el 3%.

Las razones aducidas era que generaba rigidez laboral (Chile entre países OECD es el con más años de indemnizaciones), relaciones laborales de corto plazo (y por ende baja capacitación) y acentuaba en forma excesiva el proceso de subcontratación. El análisis anterior es correcto, pero descansa sobre supuestos que la mayoría de las veces no se cumplen. No necesariamente una mayor productividad implicará un mejor salario, porque el apetito de ganancias de empresas grandes es muy alto.

El derecho a la indemnización (regulado y fiscalizado) es lo que corresponde al trabajador en el precario mercado laboral chileno.

También existen rubros en los que la productividad es un factor secundario, no obstante las empresas se benefician de mano de obra barata. Además la estructura salarial es sesgada hacia la baja, por tanto en valor presente a priori para la gran mayoría de los trabajadores es peor alternativa que indemnizaciones efectivamente pagadas. También la mayoría de países OECD tienen cubierto en mejor forma ciertas carencias que exhibe la economía chilena (negociación colectiva y tasa de sindicalización, además de educación y salud proveídos a costos razonables para mayorías nacionales). Por tanto circunscribir el tema a indemnizaciones y seguro de cesantía, es no comprender la problemática global del mercado laboral.

Si las empresas fueran racionales, y actúan provisionando mes a mes los pagos de impuestos (porque es obligatorio cumplir la ley), entonces por qué no se actúa con la misma lógica para provisionar mes a mes los pagos de indemnizaciones (los que no serán utilizados completamente si es que el trabajador renuncia, liberándose recursos a favor de la empresa). El argumento de que estos pagos de indemnizaciones no se hacen efectivos porque las empresas son frágiles, y porque los trabajadores no tienen capacidad financiera de resistir un juicio largo, se corrige con un Defensor Público Laboral (ad hoc).

Sabiendo ex ante esto las empresas (coerción legal estricta), la provisión de indemnizaciones pasaría a ser obligatoria, y como ya constituiría un costo fijo realmente internalizado, no debería afectar el equilibrio precio-cantidad de maximización de las firmas. Así, teniendo está provisión internalizada en la estructura de costos, la decisión de despido por baja productividad se produciría en el momento óptimo (“la firma no quebraría por despedir trabajadores improductivos”). Si el argumento contrario es que si afecta a las empresas, entonces la respuesta es porque nunca ha tenido la “misma categoría” cumplir con los derechos laborales legales que con los tributarios (nunca la han internalizado como un costo real a ser exigido por un ente fiscalizador).

Además la “productividad” no es algo que se pueda medir específicamente en cada puesto de trabajo. Ya las utilidades de las grandes empresas han sido gigantescas en los últimos años y los trabajadores no han experimentado alza salarial alguna (sobra evidencia). Por tanto, el derecho a la indemnización (regulado y fiscalizado) es lo que corresponde al trabajador en el precario mercado laboral chileno. Sin embargo, es necesario explorar responsablemente todas las alternativas en este tema, sin que esto signifique precarizar los derechos laborales.

Ministros de Hacienda y del Trabajo anunciaron cuatro iniciativas laborales:

Gobierno lanza bolsa de trabajo y constituye instancia técnica para definir salario mínimo

La bolsa nacional para potenciar el empleo comenzará a operar en septiembre, con costo cero para los trabajadores; $1.000 para las grandes empresas y $500 para las mipymes.

LINA CASTAÑEDA

El Gobierno lanzó ayer cuatro iniciativas en materia laboral, dos de las cuales son proyectos de ley que se enviarán al Congreso la próxima semana.

Mejorar el funcionamiento del mercado del trabajo, promover la contratación en las empresas y proteger a los empleados, son los objetivos que están detrás de las medidas.

Entre ellas, la creación de una Bolsa Nacional del Empleo que se financiará con recursos del fondo solidario del seguro de cesantía, cuyo decreto será firmado en los próximos días.

Los antecedentes fueron entregados por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y del Trabajo, Camila Merino, quienes presentaron a los doce expertos que integrarán la Comisión Técnica que, de aquí a junio, definirá los parámetros de reajuste del salario mínimo. Ésta es otra de las medidas que forma parte de la agenda laboral "corta" del Gobierno.

El grupo será presidido por el economista y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer. Lo integran tres representantes de gremios sindicales (Juan Carlos Scapini y Roberto Morales, por la CUT y Cristóbal Huneeus, por la UNT); tres representantes del empresariado (Pablo Bosch y Alfonso Swett, por la CPC y Carlos Boada, por la Conapyme) y los académicos Bernardita Vial, Ricardo Paredes, Joseph Ramos, Alejandra Mizala y Raphael Bergoeing.

"Mejorar las condiciones es un desafío"

"El país tiene un desafío en mejorar las condiciones de sus trabajadores", comentó Harald Beyer (en la foto), presidente de la Comisión Técnica encargada de definir los parámetros para reajustar el salario mínimo y de entregar una propuesta a los ministerios de Hacienda y del Trabajo para luego dar lugar a la mesa de negociación con sectores sindicales.

Ésta es una instancia asesora, dijo Beyer, quien recordó que el proyecto de ley del salario mínimo debe ir después al Congreso. "Lo único que vamos a analizar son los números vigentes, las restricciones que pueda haber y las mejores posibilidades para mejorar las condiciones de los trabajadores y entregar oportunamente el informe", agregó.

Para Pablo Bosch, representante de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien se desempeñara varios años como presidente del Hogar de Cristo, ésa es una experiencia que le permitirá abordar mejor su tarea en esta comisión. Hay sectores vulnerables, que a lo mejor no son los más pobres, pero que tienen problemas físicos u otros.

"Lo que enseña el Hogar es que la sociedad entera tiene que hacerse cargo de los más débiles, y en esta comisión creo que vamos a poner ese tema sobre la mesa, cómo nos hacemos cargo de los más vulnerables; entre ellos, los jóvenes que no tienen capacitación", señaló Bosch.

Aunque la comisión no se ha reunido aún para definir los temas, la posibilidad de tratar una mayor diferenciación del salario mínimo ya suscita el rechazo de Roberto Morales, quien participa en representación de la Central Unitaria de Trabajadores. "La diferenciación del salario mínimo nos parece una discriminación", comentó.

Ésta es la primera vez desde el gobierno de Aylwin en que representantes empresariales y sindicales se juntan para ver el salario mínimo. "Pero esto es una comisión técnica, no de negociación política, como fue antes. Pero cada vez que se instala una instancia de diálogo social tripartito, es algo positivo", agregó.

Detalles de la agenda "corta" laboral

1 Bolsa Nacional del Empleo

Su objetivo es acercar la oferta de trabajo por parte de las empresas a la demanda de los trabajadores, de manera que las personas tengan un mecanismo eficiente para acotar la búsqueda y aumentar la posibilidad de encontrar un empleo. La administración de la bolsa fue licitada y se la adjudicó la empresa Trabajando.com, y debe estar en operaciones en septiembre.

Se financiará con dineros del fondo solidario del seguro de cesantía, contemplando un pago inicial de $10 millones para su implementación y una inyección de $299 millones para su plena operación. El acceso de los trabajadores será gratuito, mientras que las empresas más grandes pagarán $1.000, y las micro y pequeñas y medianas empresas (mipymes) $500.

2 Franquicia para capacitación

La franquicia tributaria para financiar la capacitación de trabajadores que están en vías de ser contratados por la empresa -que se adoptó el año pasado por la crisis y que termina el 30 de junio-, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2011.

"El período de reconstrucción va a requerir gente especializada, sobre todo en el área de construcción", dijo la ministra Merino, quien estimó que se necesitarán más de 80 mil personas en las nuevas obras, que se construirán gradualmente, porque se requieren procesos de estudio previos. La franquicia permite a las empresas descontar 1,25% (1% contemplado en el contrato de capacitación, más 0,25% en el precontrato de capacitación) de las remuneraciones anuales de los trabajadores.

3 Causal de "fuerza mayor"

La próxima semana, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para limitar el uso del artículo 159 número 6, que establece la figura de despidos "por fuerza mayor", sin dar lugar a indemnización por años de servicio.

Merino indicó que la ley protegerá a los trabajadores y les entregará claridad jurídica para evitar abusos de parte de los empleadores.

La iniciativa legal se basa en el dictamen de la Dirección del Trabajo, que permitió que casi 3 mil de los 9 mil trabajadores despedidos por "fuerza mayor" hayan retornado a sus laborales luego

que las empresas revocaran su decisión.

4 Escuela sindical

El Gobierno dará impulso a la escuela sindical con el propósito de formar dirigentes sindicales preparados y potenciar el rol colectivo de las organizaciones gremiales.

La ministra Camila Merino indicó que se ha licitado y llamado a 19 instituciones en el país, con lo que se espera capacitar a más de 800 dirigentes.

Además, van a solicitar que al menos 33% de los alumnos sean mujeres, porque si bien la participación femenina se ha ampliado en muchos ámbitos, en el mundo sindical no tiene mayor presencia y es algo que el Gobierno quiere incentivar.

Para este año, el programa dispone de un presupuesto de $420 millones.